Una lucha constante entre
vendedores ambulantes y la fuerza policial de la ciudad de Cúcuta ha creado
caos en el centro de la ciudad, debido al Decreto 0672 del 30 de Noviembre de
2012, en el que la alcaldía municipal
exige a los vendedores ambulantes retirarse de la vía pública.
Donamaris
Ramirez Paris actual alcalde de la ciudad de Cúcuta en Norte de Santander
abanderó su campaña con la promesa de 20 mil casas de interés social para las personas más necesitadas de la
ciudad, bajo el slogan de "Tener casa propia sí se puede" pedía que después de interminables filas
firmaran una planilla en la que se “aseguraba” que esa persona sería
beneficiario del inmueble. Pero lo cierto es que tras de un año y más de 106
mil votos para ser elegido, no se ha visto ni una pared de dichas casas.
La mayor cantidad de personas
que se inscribieron son vendedores ambulantes y trabajadores independientes que
buscan ganar su sustento del día a día. Irónicamente, son los que ahora son
perseguidos, maltratados y “correteados” por quienes deberían proteger sus
derechos: La policía.
Además Ramírez París fue demandado por una presunta inhabilidad en el momento de su elección, por un presunto parentesco con Carlos Eduardo Ramírez Quintana, quien se desempeña como intendente regional de la Superintendencia de Sociedades. Además, también por El concejal Pedro de Jesús Durán Barajas quien le dio a la procuraduría un audio en el que presuntamente Ramirez Paris dice que debe darse 20 millones a cada miembro del consejo, para que se incluyan terrenos rurales en el Programa de Metrovivienda.
Además Ramírez París fue demandado por una presunta inhabilidad en el momento de su elección, por un presunto parentesco con Carlos Eduardo Ramírez Quintana, quien se desempeña como intendente regional de la Superintendencia de Sociedades. Además, también por El concejal Pedro de Jesús Durán Barajas quien le dio a la procuraduría un audio en el que presuntamente Ramirez Paris dice que debe darse 20 millones a cada miembro del consejo, para que se incluyan terrenos rurales en el Programa de Metrovivienda.
A partir que entró en
vigencia el Decreto 0672 “Por el cual se garantiza la preservación y conservación de la tranquilidad ciudadana y
el orden público, en el Municipio de San José de Cúcuta y se dictan otras
disposiciones” lo que menos han tenido los cucuteños es tranquilidad y
protección, varias calles cerradas en plena hora pico por enfrentamientos
contra policías, transeúntes en medio de gases lacrimógenos y vendedores
enfurecidos, sin mencionar que los
asaltos y la violencia han aumentado considerablemente.
Foto tomada el día 05 de Diciembre del 2012, en la calle 9 con Av 5 |
La inconformidad de cientos
de vendedores ambulantes frente a la manera hostil en que los policías de la
ciudad maltratan su mercancía y productos, han generado fuertes manifestaciones
en el centro, ocasionando daños materiales a varios establecimientos.
“Hemos
protestado de una manera pacífica, pero ellos, la policía viene y golpea mujeres embarazadas y niños…hace unos días me
fueron a quitar la mercancía yo, me tocó que lanzar un espejo y casi corto a un
policía, no había vendido nada, no había almorzado y yo pienso que tengo allá
unos niños y tengo un bebé” dice Helena Sepúlveda, una vendedora ambulante.
El mismo alcalde que les prometió casa, ahora les quita su trabajo.
El diálogo y la concertación con los sindicatos y asociaciones de vendedores informales y la alcaldía no ha traído buenos resultados.
En un principio, varios de ellos aceptaron trasladarse de los andenes en los que muchos llevan más de una década vendiendo, a un nuevo sector ubicado en las instalaciones de la Nueva Sexta, en Cenabastos, pero la realidad de la ciudad es otra, las personas no están acostumbradas a ir hasta Cenabastos (por la distancia) y los vendedores se han visto afectados económicamente.
Otros han sido instalados en el Parque Lineal, pero este ha sido sector de indigentes y consumidores de drogas, que ahuyentan a los pocos compradores y transeúntes que se acercan a la zona, lo cual ha hecho que los vendedores ambulantes vuelvan a su antiguo lugar de trabajo: el andén.
Que no nos ubique por allá en un botadero donde no se pueda vender nada” son palabras de Clara Nieto otra vendedora que asegura que la nueva zona en el centro no es factible, además dice que “A nosotros nos llevo con el cuento de que nos iba a ubicar en el parque lineal con unas carpas, mentiras, puras mentiras no llega nadie a comprar, nadie llega porque les da miedo la gente que mete vicio ¿entonces para qué nos va a llevar por allá?”
Helena Sepúlveda, madre cabeza de familia y vendedora ambulante. |
Otro método de la alcaldía fue otorgar un permiso carnetizado para laborar en determinadas zonas del centro, presuntamente se les cobró a los vendedores ambulantes la suma de $10.000 pesos por dicho carnet, ”por el derecho a que no los corran” pero aún así los policías les impiden seguir vendiendo. Así asegura Plutarco Plamas que:
“No nos dejan trabajar. De nada sirve, sacamos los carnet y no nos dejan trabajar”
Plutarco Plamas, vendedor ambulante. |
La
legalidad del problema
El alcalde es según el Art 39
del código Nacional de Policía, Jefe de Policía y máxima autoridad Policiva en
el municipio, y está por tanto facultado legalmente para tomar medidas
policivas reglamentando y estableciendo el uso de las vías públicas en épocas
decembrinas.
No pueden “existir”
obstáculos que impidan el uso adecuado del espacio público y del suelo urbano; así se deduce de lo
establecido en el Artículo 82 de la Constitución Política, y para tal fin se
puede acudir a las Acciones Populares que consagra el Artículo 88 de la Constitución.
Así, una vía pública no puede
obstruirse privando a las personas del simple tránsito por ella, pues semejante
conducta atenta contra la libertad de locomoción de la mayoría de los
habitantes y lesiona el principio de prevalencia del interés general, además de
que constituye una apropiación contra el derecho del espacio público, esto es,
un verdadero abuso por parte de quien pone en práctica el mecanismo de cierre.
No pueden tampoco ocuparse los andenes – que son parte de la vía pública – ni
las áreas de circulación peatonal
espacios que se hayan
reservados para el tránsito de toda persona, sin interferencias ni obstáculos
como, por ejemplo, estacionamiento de vehículos y levantamiento de casetas de
vendedores ambulantes. Tampoco puede invadirse el espacio público con
materiales de construcción o exhibiciones de muebles o mercaderías, ni con la
improvisación de espectáculos u otra forma de ocupación de las calles, claro
está sin detrimento de las libertades de trabajo, empresa y reunión, las cuales
deben ejercerse de tal forma que no
lesionen otros derechos y de
conformidad con las restricciones que impone el
ordenamiento urbano a cargo
de las autoridades municipales.
Las Autoridades tendrán que
hacer lo que esté a su alcance para lograr reubicar a los vendedores a quienes con anterioridad se les había
permitido ocupar parte del espacio público, en sitios donde puedan desarrollar
su actividad de manera permanente, sin el temor de ser desalojados, donde
puedan ofrecer sus mercancías con las mínimas garantías de higiene y seguridad
y donde no causen perjuicio a la comunidad en general.” (Subrayado
por fuera del texto)
(Sentencia T-372 de 1993. M .
P. Jorge Arango Mejía).
Lo anterior supone, en
consecuencia, que cuando una autoridad local se proponga recuperar el espacio público ocupado por vendedores
ambulantes titulares de licencias o autorizaciones concedidas por el propio
Estado, deberá diseñar y ejecutar un adecuado y razonable plan de reubicación
de dichos vendedores ambulantes, de manera que se concilien en la práctica los
intereses en pugna.(1)
Una
realidad social latente
La taza de desempleo nacional
ha aumentado y en épocas navideñas las personas requieren más dinero, muchos
productos suben y el salario mínimo no alcanza para todo.
Ancianos, madres y padres
cabezas de familia, desplazados y desempleados, son las personas que integran
al sector informal de vendedores ambulantes, muchos llevan a sus hijos a
trabajar con ellos, porque no cuentan con personas o instituciones que les
ayuden con sus cuidados en horas laborales.
Así sostiene Helena Sepúlveda
“Yo tengo nueve hijos y briego para
trabajar porque escasamente lo que nos ganamos no alcanza yo vivo en un
ranchito que esta que se cae… y ellos, el señor alcalde trae a la policía un
día dice una cosa hoy y mañana cambia de idea, no nos sitúan en ningún lugar,
estamos bregando en plena temporada y no hay ventas y mire el atropello que
hay”
A los vendedores se les ha
ofrecido el alquiler de varios locales
en centros comerciales de la ciudad, como respuesta positiva por parte de la
alcaldía, pero estos aseguran que el costo del arriendo es demasiado y no
pueden costearlo.
“Nosotros hemos hablado con el alcalde, el nos dice una cosa, quiere que
le paguemos un local de tres millones en adelante y no tenemos la
plata…que el no se da cuenta que esto es
una situación que si no se logra nada la vida va a ser más difícil para todos…”
Helena Sepúlveda.
Ésta situación empeora cada
día, pero no es mucho lo que se puede hacer al respecto, los vendedores
ambulantes siguen corriendo cada vez que llega el camión y los policías deben
hacer lo que se les ordena. El alcalde en sus declaraciones dice que hace lo
correcto por el bien de la ciudad y que llegará a un consenso con ellos, que
deben acceder a establecerse en los lugares determinados.
Por ahora sólo queda decir:
¡Ahí viene el camión!
Videos Relacionados:
Bibliografía
(1) Tomado de: Reflexiones
sobre las ventas ambulantes y estacionarias y la afectación del espacio
público, ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. C.
SECRETARIA DE GOBIERNO
DISTRITAL,FONDO DE VENTAS POPULARES. En línea en: http://institutodeestudiosurbanos.info/univerciudad/bajar-pdf/ventasambulantes.pdf
No hay comentarios:
Publicar un comentario